La LX Legislatura mexiquense determinó imponer de 12 hasta 20 años de prisión y de mil 500 a 3 mil días-multa a los taladores ilegales y a quienes inciten a menores de edad a cometer este delito.

Durante su primer año de gestión, el Confreso local determinó que esta pena también aplique para los servidores públicos que autoricen cambios en el uso del suelo sobre un área natural protegida o reserva ecológica sin causa justificada establecida en la Ley General de Desarrollo Sustentable.