No es lo mismo…

Por: Maricruz Rivera Garzón

¿Y la legalidad?

La autoridad ha sido prácticamente rebasada por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Miles de mexicanos han sido secuestrados, sobre todo en Oaxaca y Chiapas, por quienes ahora se erigen como dueños de las principales carreteras del país, las cuales no solamente tienen bloqueadas, sino, además, las han convertido en una fuente de “ingreso” para sus causas, mientras que la autoridad observa serena sin hacer uso del legítimo derecho a la fuerza pública.

Los anaqueles en los centros de abasto de esas dos entidades del país lucen cada vez más vacíos, las estaciones de gasolina tienen ya varias semanas sin poder suministrar combustible para la movilidad de personas y mercancías, ¿y la legalidad?

Es cierto que el gobierno federal se encuentra prácticamente atrapado en la disyuntiva entre el famoso respeto a los derechos de los dizque trabajadores de la educación y el responder a las crecientes necesidades de chiapanecos y oaxaqueños que literalmente ya no tienen ni qué comer.

Y es que en este país todo es malo: si el gobierno federal actúa, como debería hacerlo, y desbloquea las carreteras que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación tiene secuestradas obviamente no podrá hacerlo con un ramo de rosas en las manos ni pidiéndoles por favor que se hagan a un ladito para que puedan pasar los camiones con alimentos, bebidas e insumos fundamentales para la población.

No, eso es lógico, la único opción que queda para lograr el objetivo de romper el secuestro de la Coordinadora es el uso legítimo de la fuerza, y esa medida siempre tendrá repercusiones, algunas de tipo físico, pues habrá moretones y patadas, pero también las hay de tipo político, y esas son las que precisamente están pesando más en este momento, pues el gobierno federal no quiere seguir perdiendo más en materia de imagen pública.

Al menos en la Secretaría de Gobernación del país hay la convicción de que entrarle a desalojar las carreteras bloqueadas por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación Implicará un nuevo desgaste para la figura presidencial. Y es lógico que eso ocurra, pues como siempre surgirán los “chairos” que seguramente enarbolarán la bandera de “defensores” de los derechos de las personas y saldrán con el viejo cuento de: “pobrecitos”.

Pero hay que tomar en cuenta que los señores estos de la Coordinadora no son ningunos “pobrecitos”, son, en realidad, unos verdaderos delincuentes que están cometiendo abiertamente delitos del fuero federal, comenzando por el bloqueo de vías de comunicación, sin agregar al asunto que hay otras conductas que pueden ser tipificadas como delitos.

Por lo tanto, si se está cometiendo flagrantemente un delito, es obligación de la autoridad legalmente constituida actuar en consecuencia y detener a quien lo está haciendo, al tiempo de cumplir con una de las principales obligaciones: garantizar el libre tránsito de las personas y mercancías.

Si los señores de la Coordinadora quieren que se les respeten sus derechos, pues que comiencen por ellos respetar los de los demás, y, al menos en este momento, ellos no lo están haciendo, porque un precepto fundamental del ser humano es el derecho a la alimentación y a la salud, mismos que están siendo violentados al no permitir el paso de alimentos y medicinas.

¿Acaso los derechos de unos cuantos integrantes de esa central magisterial son más importantes que los de miles de ciudadanos que han quedado atrapados en medio de esta disputa por el poder y el control de las facturas educativas?

Existe consenso entre los ciudadanos para acabar con esa ilegalidad. Por lo tanto, es momento en que se tomen medidas de fondo y se deje el titubeo para otra mejor ocasión. Queremos una autoridad firme y seria, no una a la que le tiembla la mano a la hora de pensar en las necesidades de la población.

Este cuento lo hemos vivido ya en el Estado de México, donde sí se tuvo la firmeza suficiente para poner en paz a un grupúsculo de opositores a un proyecto de gran relevancia como el Aeropuerto Internacional que se habría de construir en Texcoco. Consentir a esos sujetos le costó muchos millones de dólares a este país y varios años de rezago en materia de comunicaciones.

No dejemos que esto vuelva a ocurrir, porque los efectos de la falta de autoridad tienen un precio muy alto que este país seguramente lamentará en los próximos años.